Panorama de la informalidad laboral en América Latina

El fenómeno del empleo informal es uno de los más grandes obstáculos para el desarrollo tanto de las personas como de los países, pues no sólo perjudica al individuo como consecuencia de sus bajos salarios y de mala calidad, sus condiciones precarias de trabajo, así como la ausencia de mecanismos de protección social, sino que también afectan al crecimiento y al desarrollo económico de los países debido al empleo ineficiente de una fuerza de productiva cuyos ingresos se encuentran al margen de la regulación fiscal por parte del gobierno.

En la actualidad, de acuerdo a cifras de la OIT existen en América Latina y el Caribe alrededor de 130 millones personas con un empleo informal, donde los países en los que la incidencia de éste fenómeno representa más de la mitad de la  población económicamente activa son: Guatemala (73.6%), Honduras (72.8%), El Salvador (65.6%), Perú (64%), Paraguay (63.8%), Colombia (54.5%); México 53.8% y República Dominicana (51.2%), y la informalidad en la región se mantuvo entre 2009 y 2012 con un promedio de más de 48%.

De igual forma, el trabajo informal se encuentra distribuido entre los grupos de trabajadores asalariados, independientes y empleados domésticos, con tasas del 30.5%, 11.4% y 4.9% respectivamente.

En lo que se refiere al trabajo doméstico, el 83% de la personas ocupadas en ese sector son mujeres, y en algunos países las labores del hogar conforman hasta el 15% del total de las actividades productivas femeninas, y en su totalidad dicho sector abarca a casi 20 millones de personas en la región de América Latina. Adicionalmente, en el mundo apenas el 10% de este tipo empleo se encuentra adecuadamente cubierto por una legislación y casi el 30% se encuentra totalmente excluido.

¿Qué están haciendo los países?

La Organización Internacional del Trabajo señala que para transitar hacia la formalidad, los países requieren desarrollar enfoques integrados que comprendan: 1) La mejora de la capacidad productiva y económica; 2) La simplificación y la eficiencia de las normas y procesos administrativos vinculados al mercado de trabajo; 3) La generación de incentivos fiscales especialmente para las micro, medianas y pequeñas empresas, así como 4) El fortalecimiento de la capacidad fiscalizadora del Estado.

Bajo este conjunto de ejes, distintos países de la región han emprendido acciones tendientes a formalizar sus mercados laborales, por ejemplo en lo concerniente al primer eje destacan los casos de Brasil, Ecuador, México y Perú que promueven la formalización de las empresas proveedoras del Estado, y así mismo fomentan el desarrollo económico local. Igualmente, dichos países han buscado el fortalecimiento tecnológico de capital humano y de los modos de organización de la producción.

En lo que concierne a la mejora de las normas y procesos administrativos, diversos países han realizado el esfuerzo por aumentar la información y el conocimiento sobre los derechos y obligaciones tanto de los empleadores como los trabajadores y la población en general, tales son los casos de Colombia y Argentina, quienes han desarrollado programas para difundir información sobre las ventajas de la formalidad en sectores con alta incidencia de trabajo irregular. Por otra parte, en lo que respecta a la simplificación de trámites, países como Chile con el Programa Tu empresa en un día, Colombia con el Decreto Anti-trámites y los Centros de Atención Empresarial, Panamá con el Proyecto Panamá Emprende, Guatemala con el Programa Simplificación de Trámites, han logrado adecuar las regulaciones para la generación de trabajo formal.

En relación a los incentivos fiscales, distintos países han incorporado facilidades y exenciones tributarias para las micro, medianas y pequeñas empresas como son el caso de Brasil, Perú, Ecuador, Uruguay entre otros. Por último, la capacidad fiscalizadora del Estado se ha visto robustecida en países como Paraguay, donde el Ministerio de Justicia y Trabajo implementó desde el 2008 el operativo Trabajo Decente, el cual está destinado a disminuir la evasión de contribuciones por medio del cruce de información con entidades del sector público con empresas privadas. Proyectos similares se están aplicando en Ecuador, Perú, Argentina, Brasil y  México.

*Nota elaborada por Ricardo Irra y Luciana Belén Maccarini con información de los documentos “Experiencias recientes de Formalización en países de América Latina y el Caribe” y “Panorama Temático Laboral. Transición a la formalidad en América Latina y el Caribe”.
Fecha: 02/06/2015